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Un estudio revela que la obra del trasvase del Júcar puede triplicar el coste del agua
Las universidades de Alicante y Elche calculan que la tarifa tendría que subir un 45% para poder sufragar lo gastado de más al cambiar la toma
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Dos operarios trabajan en las obras del postrasvase. diego foTógrafos
F. J. B.
Un divorcio que pasa factura. La falta de acuerdo con los usuarios para recibir el agua del Júcar-Vinalopó puede hipotecar, prácticamente para toda la legislatura, el futuro económico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que acumula una deuda de 148 millones de euros por la fallida construcción del trasvase «fantasma» y que, de momento, no puede pagar al no tener usuarios del agua por el enfrentamiento de la Junta Central con la confederación.
Los regantes han comunicado a la CHJ -la confederación no ha fijado todavía el precio- que es imposible que puedan pagar el agua que debe impulsarse desde el Azud de la Marquesa (Cullera) a Villena. Según un informe de las Universidades de Alicante y Elche, encargado por la Junta Central de Usuarios, el precio se ha triplicado, al dispararse de los 0,18 euros/m3 que firmaron en 2001, cuando la toma arrancaba en Cortes de Pallás a los 0,48 euros (sin añadir el coste de la obligada amortización de las obras), que cuesta el metro cúbico de agua puesto en Villena desde Cullera. Cantidad que, según el estudio, debiera pagarse si el trasvase funciona a pleno rendimiento. Es decir, trasvasándose 80 hm3 todos los años.
La tarifas van subiendo si el aporte de caudales es menor. Así, en el caso de que la provincia recibiera 50 hm3, el metro cúbico de agua se pagaría a 0,6 euros; si fueran 30 hm3, a 0,8 euros y si sólo llegaran 20 hm3 al año, el precio se dispararía hasta el 1,2 euros el metro cúbico (200 pesetas), según el estudio realizado por los profesores Pablo y Joaquín Melgarejo.
El problema, según recordó ayer el presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase, Andrés Martínez, es que tras la expulsión de los usuarios de la sociedad Aguas del Júcar en 2006, y la extinción del convenio que mantenían con la empresa pública -absorbida por Acuamed en 2010- para el pago posterior de las obras del trasvase cifrado en 75 millones de euros, la mercantil firmó otro convenio en 2007 con la Confederación del Júcar por el que la CHJ se convirtió en el usuario único del agua del trasvase. Por lo tanto, responsable del pago de los 148 millones de euros correspondiente a su participación en el proyecto, cuyo cobro pasaría a los usuarios vía tarifas.
El cambio de toma disparó los costes hasta los oficiales 303 millones de euros (finalmente se gastaron 400 millones) cuyo pago se dividió de la siguiente manera: Los 148 euros de los fondos públicos de la Confederación -cantidad que recuperaría vía tarifa de agua a los receptores de lo caudales-; 120 millones que aportó la UE y 35 millones a través de un crédito
La falta de acuerdo entre Medio Ambiente y la Junta han llevado al colapso del Júcar-Vinalopó. Un trasvase finalizado, con todas las pruebas realizadas e, incluso, con un caudal almacenado desde hace seis meses en el embalse villero de San Diego que no se utiliza porque, además, sigue sin conectarse con las canalizaciones del postrasvase debido al litigio judicial que el Gobierno y el Consell.
Pacto Nacional del Agua y modificación de la Ley de Costas
El nuevo ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció ayer su intención de alcanzar durante su mandato un Pacto Nacional del Agua que resuelva, para siempre, la distribución de los recursos hídricos en España. Arias Cañete, fiel a la doctrina del PP, no concretó proyectos, pero aseguró que el acuerdo incorporará un abastecimiento de calidad, el mantenimiento de todos los ecosistemas ligados al agua, la utilización del caudal reciclado, la explotación ordenada de los recursos hídricos subterráneos, y la gestión eficiente de los superficiales. Afirmación, esta última, en la que entran los trasvases y la desalación, aunque el ministro optó por no citarlos. Arias Cañete hizo estas declaraciones durante la toma de posesión de los cargos intermedios del Ministerio, todos llegados desde el gobierno madrileño. Juan Urbano López de Meneses es el nuevo director general del Agua; Pablo Saavedra, de Sostenibilidad de la Costa y el Mar y Susana Magro, de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. Ayer, quedaron pendientes los nombramientos de los presidentes de las confederaciones del Júcar y el Segura.
Por otro lado, el ministro anunció una profunda reforma de la Ley de Costas para que sea compatible la protección del medio ambiente con el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo. Cañete avanzó que se revisarán todos los expedientes en tramitación y se pondrán en marcha los que están pendientes de declaración de impacto Ambiental. «No descubro nada si recuerdo que una parte importante de nuestra riqueza es el litoral y por ello este Ministerio podrá en valor el conjunto de las playas y cosas en base a la sostenibilidad». F. J. B.