El portavoz del Gobierno regional afirmó que el debate sobre el agua es de carácter nacional y que Castilla-La Mancha reclama la participación de las comunidades autónomas en él, recordando que, aunque todas las opiniones son importantes, la función del Gobierno de Castilla-La Mancha es defender los intereses de la región
El vicepresidente segundo y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó ayer que el Ejecutivo regional recurrirá la resolución del Ministerio de Medio Ambiente del 26 de febrero de 2007 que autorizaba un contrato de cesión temporal de derechos de agua entre la comunidad de regantes del Canal de Estremera y el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura, al considerar que no ofrece garantías jurídicas ni medioambientales.
Emiliano García-Page señaló que las motivaciones del recurso no son sólo institucionales, ya que el Gobierno castellano-manchego no comparte la filosofía de compraventa del agua, y además considera que puede entenderse como un trasvase encubierto que se hace sin las garantías legales establecidas para cuando se trata de trasvases «de verdad».
Así, apuntó que los volúmenes de agua que son objeto del contrato, 31,05 hectómetros cúbicos, no están avalados en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, además de la precariedad de los embalses de cabecera y dijo que el Gobierno de Castilla-La Mancha antepone la defensa de los intereses de la región «a cualquier tipo de consideración de tipo ideológico o partidario».
El portavoz del Gobierno castellano-manchego aseguró que en la región «no nos gusta como filosofía» que se vayan comprando y vendiendo unos derechos que son de otorgamiento público, y que cuando se hacen concesiones de agua a determinados regantes es atendiendo a un determinado interés o una determinada utilidad social. «Además, no creemos que sea una solución al problema general de la gestión del agua en España», añadió.
El recurso que se presenta contra la decisión del Ministerio de Medio Ambiente, indicó García-Page, se plantea en un momento en el que también se está llegando a acuerdos estratégicos para el desarrollo de infraestructuras hidráulicas en Castilla-La Mancha.
«Lejos de que alguien pueda sorprenderse, -añadió-, creo que está en el funcionamiento normal de las instituciones democráticas saber qué papel le corresponde a cada institución y el Gobierno de Castilla-La Mancha no va a hacer dejación si vemos que están en juego alguno de los intereses que afectan a la región.
Respecto al apoyo del PSOE murciano a los regantes de esa comunidad autónoma, García-Page señaló que el debate sobre el agua es de ámbito nacional y dijo que Castilla-La Mancha reclama la participación de las comunidades autónomas en el mismo. , y eso es perfectamente compatible con una política de entendimiento en otras áreas y otros aspectos»
Así, señaló que en este aspecto, «para nosotros prima la cuestión territorial. No es que no nos importe lo que diga el Gobierno de Murcia o el PSOE de Murcia; obviamente todo importa y todo hay que manejarlo con respeto, pero primero están los intereses regionales. Esa es la función que le corresponde al Gobierno de Castilla-La Mancha, lo diga quien lo diga», concluyó.
