La portavoz de Medio Ambiente¹ del GPS asegura que además relaja la protección del patrimonio natural y vacía la Ley de residuos y suelos

Leire Pajín², portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista³ (GPS) ha asegurado, durante el debate del Real Decreto-Ley de medidas urgentes de medio ambiente, que nada “fragmenta más el principio de unidad de cuenca que la encubierta privatización del agua que el Gobierno pretende llevar a cabo con esta modificación normativa”. Asimismo, Pajín ha señalado que la norma no cumple los requisitos constitucionales para calificarla de urgente y ha solicitado la retirada del decreto y la apertura de un proceso de negociación con las fuerzas parlamentarias, la Comunidades Autónomas y las organizaciones ambientales.

La portavoz socialista ha indicado el decreto va contra la línea de flotación de la Directiva Marco del Agua que fija unos objetivos que pasan por la prevención frente al deterioro y la protección de los ecosistemas, la promoción de los usos sostenibles, la reducción de la contaminación de las aguas subterráneas y la reparación de los efectos que producen inundaciones y sequías. “El decreto ignora todos estos aspectos y va dirigido a contentar a los propietarios de suelos con concesiones de aguas que se verán beneficiados por la revalorización de sus propiedades”, ha señalado Paj

Alto Guadiana

Para ilustrar esta pulsión privatizadora del decreto, Leire Pajín ha enumerado algunos ejemplos: la norma abre la posibilidad de otorgar nuevas concesiones de aguas subterráneas y con las excepciones a la recuperación de costes relacionados con la gestión para determinados usos.

Y ha subrayado el caso del Alto Guadiana que dispone de un plan especial que incluye el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. La finalidad del plan es la recuperación de estos ecosistemas y se quiebra con la reforma “al permitir que todos los derechos de de usos de agua sean objeto de intercambio entre particulares, acabando con la reserva del 70% que debían dedicarse a la recuperación de los humedales que contemplaba hasta ahora el PEAG y olvidando que existen muchas más concesiones de uso.

Patrimonio natural y residuos

Por otra parte, Leire Pajín, que no se ha mostrado contraria a la simplificación y agilización de las normas ambientales, ha aludido a que esta iniciativa del Gobierno “más que simplificar la normativa ambiental, pretende flexibilizar o hacer desaparecer las garantías que constituyen su propia esencia. Así sucede con la protección del patrimonio natural que, bajo la apariencia de unificar figuras protectoras y los mecanismos de planificación, late la intención de relajar la protección que reciben los espacios protegidos y la Red Natura 2000”.

Asimismo, la diputada socialista ha señalado que el decreto supone una voladura controlada del Sistema de Depósito⁴, Devolución y Retorno (SDDR) y vacía de contenido la Ley de residuos y suelos. “El contenido del decreto contradice los principios de prevención y fomento de reutilización que estableció la ley al establecen el carácter voluntario del SDDR” y ha pronosticado que además de los efectos medioambientales tendrá efectos negativos en la creación de empleo e incrementará el gasto que realizan las administraciones públicas.