El director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop, desveló ayer que la oposición de las comunidades al reparto de competencias y la de los regantes a pagar más por el agua acabaron por encallar la reforma de la Ley de Aguas, anunciada por Medio Ambiente como solución a la guerra del agua desde hace dos años.

Uno de los puntos sin acuerdo, según Palop, es el régimen económico de la ley. La norma, de acuerdo con la directiva europea, obligaba a recuperar los costes de las obras hidráulicas, algo que subiría el precio. Ante las protestas de los regantes, Medio Ambiente aceptó retrasar este capítulo hasta 2010.

El segundo aspecto que según Palop bloqueó el texto es la reforma de las confederaciones hidrográficas. Las comunidades no aceptaron el reparto de votos que les ofrecía Medio Ambiente en el nuevo organismo y que dependería del territorio y la población en cada cuenca.