El consejero de Ordenación del Territorio explica que, de todos los procesos de revisión, el único que arrastra un retraso «de más de año y medio» es el de la mayor cuenca provincial

El delegado provincial, Emilio Sáez, y el consejero de Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarr

R. SERRALLÉ

EMILIO FERNÁNDEZ

La Comisión Europea no sólo sigue con atención el déficit público o el mercado laboral españoles. También sigue de cerca el proceso de revisión de los planes hidrológicos de cuenca y, entre todos ellos, hay uno que le preocupa más que el resto: el del Júcar.
Esta situación la reconocía ayer en Albacete el consejero de Obras Públicas, Julián Sánchez Pingarrón quien, por esta misma causa, no ocultaba ayer su disgusto y perplejidad por la actitud adoptada por el PP en el Pleno de las Cortes del pasado jueves, en el que hubo un sonoro enfrentamiento entre populares y socialistas sobre este mismo asunto.
«En estos momentos, todas las cuencas hidrográficas españolas han acabado, o están a punto de acabar, sus procesos de participación pública para revisar los correspondientes planes hidrológicos -afirmó- pero hay uno que, por desgracia, acumula más de año y medio de retraso, el del Júcar».
El problema es que Bruselas le abrió recientemente un expediente al Gobierno de España, por el que la ha dado dos meses de plazo para cerrar la revisión de «todos» los planes de cuenca. Y, si no se cumple ese plazo, España puede acabar en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que podría imponer fuertes sanciones al país.
«El problema es que, en torno al Júcar, hay un fortísimo conflicto de intereses -subrayó- y, por eso, comparecimos el pasado jueves, ante el Pleno de las Cortes, buscando una postura común para cerrar de una vez por todas el plan de cuenca; pero no contamos con que, una vez más, en materia de aguas no podemos contar ni con el PP ni con la señora Cospedal».
En el Pleno, afirmó Pingarrón, la Junta pedía un apoyo unánime en torno a cinco puntos básicos que, a su juicio, deberían ser el núcleo de las alegaciones presentadas por Castilla-La Mancha ante la Confederación Hidrográfica del Júcar.
«El plazo para alegar vence el 18 -señaló- y ya se las habíamos presentado a los técnicos, a los diferentes usuarios, a los regantes; se pide la segregación de las cuencas internas valencianas, tal yc om exige el Supremo; la modernización de los regadíos de la ribera valenciana, la realización de los balances por cuencas, la prioridad de la cuenca cedente y el establecimiento de unas normas de explotación que eviten que ciudades como Albacete deban pagar por el agua que beben a los regantes de USUJ, pero no hubo manera».
En lugar de eso, remarcó Pingarrón, el PP presentó una moción casi idéntica, en la que, no obstante, se incluían varios juicios de valor sobre el Gobierno de la nación que «para nosotros, no eran admisibles» lo que degernó en un enfrentamiento y una sonora bronca entre ambos partidos.