El anuncio de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de que paraliza la tramitación de la Ley de Aguas, una de las más importantes de su departamento esta legislatura, recibió críticas casi unánimes. El PP la acusó de «incompetente» y anunció que pedirá que comparezca en el Congreso. Los ecologistas e IU-ICV la acusaron a su vez de «cobardía» y de «arredrarse ante las críticas». Sólo los regantes, tradicionalmente contrarios a Narbona, la apoyan esta vez.

La política del Gobierno en materia de aguas hace aguas. La reforma de la Ley de Aguas, principal herramienta para «introducir sensatez» en el debate autonómico sobre el agua -así la definió Narbona- no verá la luz esta legislatura. Pese a que el ministerio anunció los principios básicos de la norma, ahora alega «falta de tiempo» para tramitarla.

El anuncio de la ministra recibió un aluvión de críticas. El consejero valenciano de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, José Ramón García Antón, afirmó que la paralización de la ley «demuestra una vez más la incompetencia de la ministra Narbona para llevar a cabo una política hídrica eficaz y seria en el territorio nacional». García Antón criticó la «autarquía autonómica que ha generado el Gobierno de Zapatero en materia hídrica y cuya primera medida desastrosa fue la derogación del Trasvase del Ebro».

El PP anunció que pedirá la comparecencia de Narbona en el Congreso. Su discurso no es que el borrador de reforma fuese bueno y necesario, sino que esto evidencia que el ministerio se ha quedado sin ideas sobre el agua. Que su primera medida de Gobierno fue derogar mediante un real decreto ley el trasvase del Ebro, pero en los tres años siguientes no ha puesto en marcha ni las obras, ni la legislación necesaria para gestionar el agua. La inmensa mayoría de las desaladoras está en obras o en proyecto y las que han entrado en funcionamiento son principalmente las que estaban ya pensadas.

Gestión sobre el agua

Y eso, al tiempo que las comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, reclaman más gestión sobre el agua. En Castilla-La Mancha piden acabar con el trasvase del Tajo. El Estatuto de Andalucía da a la comunidad la gestión del Guadalquivir en su territorio…

Pero las críticas no vinieron todas en el mismo sentido. Joan Herrera, diputado de IU-ICV, afirmó que el bloqueo del texto «es una oportunidad perdida» y que el Gobierno «se echa para atrás en el último momento, por equilibrios internos dentro del PSOE». Además de dar entrada a las comunidades y ayuntamientos en la gestión de los ríos (desde 1926 en manos del Gobierno), la ley tenía un fuerte tono ecologista: ampliaba la zona de protección de los ríos de cinco a diez metros y presentaba la conservación como un objetivo primordial. Los ecologistas se mostraron también muy contrarios al bloqueo.

El principal apoyo llegó de los regantes. El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, Andrés del Campo, afirmó: «No nos parece mal que se frene si en la próxima legislatura se va a hacer con consenso, y no deprisa y sin diálogo como esta vez».