El último documento del PSOE y del Gobierno central sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, entregado el pasado lunes al PP, es compartido en muy buena medida por su dirección nacional. Ahora bien, no lo dicen ni alto ni claro a la espera de convencer a los presidentes del PP de Valencia y Murcia, Francisco Camps, y Ramón Luis Valcárcel de que no bloqueen el texto. La oposición de Valencia y Murcia es total a que el Estatuto de esa comunidad contemple que el trasvase del Tajo al Segura pueda caducar en 2015, tal como figuraba originariamente en el estatuto que aprobaron las Cortes de Castilla-La Mancha con el voto del PSOE Y del PP. 

Pero la última propuesta de los socialistas respecto al agua parece razonable al PP. La novedad está en el establecimiento de una reserva estratégica de agua de 600 hectómetros cúbicos, no trasvasables, en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Actualmente, esa cantidad es de 240. Así figura en la nueva redacción del punto tres de la disposición transitoria primera que ha ofrecido el PSOE al PP. La fórmula de la reserva figura en el Estatuto de Aragón con una cantidad de 6.500 hectómetros cúbicos y tuvo el apoyo del PSOE y del PP. Los socialistas llaman la atención sobre la diferencia de cantidades con el objetivo de indicar que su pretensión es moderada. También se les antoja moderada la redacción y ubicación que se ha dado al deseo de caducidad del trasvase para 2015. Ha pasado de una dispoción transitoria, es decir del articulado, al préambulo. Con ello, pierde su carácter obligatorio y queda como declaración de principios.

También se alude a la directiva europea medioambiental y a la refundición de la Ley de Aguas que debe producirse en 2015, «fecha que las Cortes de Castilla-La Mancha han fijado como la de la definitiva extinción del mencionado trasvase, sin perjuicio de nuestro compromiso solidario para socorrer a otros territorios en caso de necesidad de agua para consumo humano». El PP está preparando una respuesta con una redacción propia, pero en principio acepta la filosofía.

La negociación ahora se centra en buscar el acuerdo con Murcia y Valencia. El PP murciano presiona estos días a través de dos de sus diputados, Jaime García-Legaz y Arsenio Pacheco, que han hecho saber que no apoyarán en el Congreso un estatuto que mencione el final del trasvase, incluso, aunque sea en el preámbulo. Ambos ya rompieron la disciplina de voto en la admisión a trámite del estatuto en el Pleno del Congreso. García-Legaz, que se ausentó en aquella votación, es el secretario general de FAES y mano derecha de José María Aznar.

A pesar del acercamiento en los contenidos, las dificultades son notables, como lo demuestra que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aún no ha respondido a la llamada que le hizo el pasado lunes el presidente de la comunidad, José María Barreda, para fijar una reunión, a pesar de que compartió el protagonismo en la aprobación del estatuto.

Última propuesta

«El trasvase Tajo-Segura como infraestructura impuesta por la historia que en modo alguno puede comprometer el desarrollo presente y futuro de Castilla-La Mancha, sometida al cumplimiento de los objetivos medioambientales fijados por la directiva marco citada y por el texto refundido de la Ley de Aguas que han de alcanzarse en el año 2015, fecha que las Cortes de Castilla-La Mancha han fijado como la de la definitiva extinción del mencionado trasvase, sin perjuicio de nuestro compromiso solidario para socorrer a otros territorios en caso de necesidad de agua para consumo humano. (…) Se recoge la garantía de establecer una reserva estratégica de 600 hectómetros (ahora es de 240) de agua no trasvasable en los embalses de Entrepeñas y Buendía».