Mientras que la ministra de Medio Ambiente se mantiene a distancia, el presidente murciano Ramón luis Valcárcel ordenó ayer a los Servicios Jurídicos de la Comunidad que preparen un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que pone fecha de caducidad al Trasvase Tajo-Segura en el año 2015. El Ejecutivo regional considera que la iniciativa aprobada el lunes por el PSOE y el PP castellano manchegos vulnera cinco preceptos de la Constitución sobre agua y solidaridad.

El recurso se presentará si el texto no se modifica durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. Populares y socialistas murcianos confían en que el Estatuto apadrinado por Barreda y De Cospedal se peine y se cambie en Madrid, como se hizo con el texto de Cataluña. El secretario de los socialistas murcianos, Pedro Saura, ha ido más lejos al señalar que el Grupo Socialista en el Congreso «va a cambiar el texto porque va directamente contra las competencias del Estado». Asimismo, casi todos dan por hecho que este Estatuto no podrá aprobarse antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas.

«Un juego de niños»

El consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, señaló ayer en rueda de prensa que el texto aprobado en Toledo tiene «carácter intervencionista; trata al Estado como un subordinado, y ofende a la Constitución». Cree que el Estatuto de Cataluña, que vio modificadas sus pretensiones sobre el agua, «es un juego de niños al lado del que ha aprobado Barreda». El consejero acusó al presidente Rodríguez Zapatero de haber propiciado «una rapiña estatutaria» después de derogar el Trasvase del Ebro. Para el Gobierno de Valcárcel las pretensiones de Castilla-La Mancha «son un disparate sin precedentes en la historia de la Constitución, motivada por la renuncia de Zapatero a ejercer sus competencias en materia de agua». Según De la Cierva, «esta situación quedó escenificada en la Conferencia de Presidentes. «Rodríguez Zapatero dijo: mátense ustedes, que yo no voy a hacer nada para solucionar el problema del agua».

Mermar los regadíos

El Ejecutivo murciano considera que el documento de Castilla-La Mancha vulnera al menos, cinco preceptos constitucionales: los artículos 14, 45, 138.2, 139.1 y 149.1.22. Así lo recordó el consejero de Presidencia en compañía del titular de Agricultura y Agua. De la Cierva señaló que texto «invade los principios de unidad de cuenca y solidaridad entre los territorios; y establece un principio de la propiedad del agua arcaico, propio del siglo XIX».

Subrayó que ningún parlamentario del PP por Murcia votará en el Congreso a favor del Estatuto de Castilla-La Mancha tal y como está redactado. Apuntó incluso que el rechazo puede producirse en la fase de admisión de trámite. Además del «disparate» que supone, a su juicio, ponerle fecha de caducidad al acueducto, considera fuera de lugar «que Barreda pretenda además reestructurar los usos del agua en la cuenca del Segura, ordenándole al Estado que reduzca el agua para Murcia».

¿Y De Cospedal?

Ante la postura de la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de apoyar a Barreda, el consejero subrayó que sus críticas iban dirigidas «contra lo acordado en las Cortes de aquella comunidad, donde incluyo a todos los partidos políticos». Valcárcel se reunió recientemente con De Cospedal y otros dirigentes del PP para llegar a un acuerdo, pero no ha evitado que su compañera de partido apoye a Barreda y la defunción del Trasvase Tajo-Segura.

El Ministerio de Medio Ambiente indicó ayer que no entra a valorar el texto aprobado en Toledo contra el Trasvase Tajo-Segura y sobre las competencias que se arroga esta comunidad en materia hidráulica. Indicó que el Parlamento es soberano y que la decisión que se tome corresponderá a los grupos políticos.