Los alcaldes de Peñas de San Pedro, Alcadozo y Pozohondo presentaron ayer un escrito de queja ante la Confederación Hidrográfica del Júcar. Antonio Serrano, alcalde de Peñas de San Pedro y diputado provincial, denunció que están siendo víctimas de un «atraco político», ya que se reclaman a sus municipios unos nueve millones de euros por unas obras que ni pidieron, ni autorizaron ni controlaron, y que ahora se les facturan por su importe íntegro.

Criticaron que se les están pasando facturas de más de cien mil euros anuales «después de que el presidente de la Confederación nos dijera que el tema estaba solucionado y que no íbamos a pagar nada».

Serrano, Ángel Alfaro, alcalde de Alcadozo, y Amparo Núñez, alcaldesa de Pozohondo, entregaron ayer en la sede albaceteña de la Confederación un escrito, dirigido al presidente, en el que le piden una reunión para buscar soluciones a esta cuestión. Le recuerdan su compromiso de diciembre de 2008 de solucionar el problema, y añaden que «unos meses después empezaron a llegarnos recibos de más de 100.000 euros por año. Como usted comprenderá, estas cantidades son inasumibles para unos ayuntamientos pequeños como los nuestros».

Concluye el escrito indicando: «le transmitimos nuestra preocupación, pero también nuestra indignación, lo que nos llevará, si este problema no se soluciona pronto, a tomar otro tipo de medidas, con actuaciones públicas y privadas, que sin duda a usted y a sus jefes políticos no les agradarán».

Años de polémica

El problema se remonta al verano de 2005, cuando a propuesta de la Junta de Comunidades el Ministerio de Medio Ambiente comenzó obras hidráulicas de emergencia, entre ellas las conexiones de estos tres municipios a la potabilizadora de Albacete. La alarma saltó cuando en septiembre de 2008 la Confederación publicó las tarifas.

Aquel mes se aprobó de forma unánime en la Diputación una moción del PP que denunciaba que la Confederación había actuado sin respetar la autonomía municipal, e instándola a anular esas tarifas «por suponer cantidades inasumibles para ellos y haber sido acordadas de manera unilateral, así como por haber prescindido totalmente de la participación de los municipios afectados, inmiscuyéndose en sus competencias».

A pesar de esa gestión, y de los recursos interpuestos (con apoyo jurídico de la Diputación), los recibos han seguido llegando. Serrano declaró que se sienten «víctimas de un atraco político que se está cargando la autonomía municipal», contra el que lucharán «con uñas y dientes». Culpó a los presidentes de los gobiernos nacional y regional de ser los responsables políticos de este asunto, y comentó que «este tipo de chantajes parecen más propios de otras épocas y otras regiones, como un ‘impuesto revolucionario hídrico’».

Añadió que si exigen a los ayuntamientos pagar unas obras que ni pidieron ni autorizaron, hechas totalmente a sus espaldas, «que sirva de aviso a navegantes cuando anuncian nuevas obras, por si luego los ayuntamientos se pueden encontrar con que les reclaman que sean ellos los que paguen las obras que otros deciden».

La alcaldesa de Pozohondo coincidió en estos argumentos y expresó su indignación por el comportamiento de la Confederación, ratificando que defenderán al máximo los intereses de sus vecinos.