El portavoz de la Comisión Pro-Río, José Antonio Muñoz Grau, calificó ayer de «auténtico disparate jurídico» la decisión del fiscal jefe porque, entre otras cosas, «en algunos casos sus argumentaciones son contrarias a los informes del propio Ministerio de Medio Ambiente».
Muñoz Grau, que temía esta decisión desde hace meses, comentó que si se archiva el caso del robo del agua «se carga todas las acusaciones de prevaricación que se han hecho en este país por asuntos urbanísticos por ejemplo, ya que reconoce que existe el robo pero exculpa a los funcionarios, y eso mismo puede decir mañana cualquier alcalde acusado por corrupción, que no tenía medios».
Incrédulo todavía por la resolución del fiscal, Muñoz Grau reiteró que lo que exige Pro-Río es que se devuelvan a la Vega Baja los caudales que se han perdido a consecuencia de estos robos ya que, tal y como aseguran, «la Confederación Hidrográfica del Segura debe declarar de oficio nulas de pleno derecho las inscripciones de agua efectuadas a favor de los grupos privilegiados que se benefician del agua que se roba y clausurar pozos ilegales».
Saura respeta la decisión
El secretario del PSRM- PSOE, Pedro Saura, expresó su máximo respeto a la Justicia. Pidió al PP «que no use dos varas de medir. Cuando el fiscal cita al alcalde de Mazarrón, dicen que hay acoso político; pero cuando señala que no se roba agua, les parece estupendo».
Satisfacción de regantes
El presidente del Sindicato de Regantes, Francisco del Amor, señaló que «esperábamos esta decisión del fiscal. Aquí no hay pozos ni regadíos ilegales como se había denunciado. Con Juan Cánovas se empezó a reconsiderar los expedientes sancionadores. Estamos muy contentos de que se demuestre que no hay responsabilidad de los órganos gestores de la Confederación».
IU critica a PP y PSOE
El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, indicó que la decisión del fiscal «no es para que los dirigentes y responsables del PP y del PSOE tiren cohetes. Se habla expresamente de la deficiente tramitación de los expedientes sancionadores, y que la gestión ha sido nefasta». Según Pujante, Narbona «debe abrir los cajones y las ventanas de la CHS, ya que se trata de un organismo muy opaco».