Las Cortes de Castilla-La Mancha, con los votos de la mayoría socialista, rechazaron una resolución del PP que instaba al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a agilizar la revisión del plan hidrológico del Júcar, emplazaba a la Junta a reprobar el retraso que el actual Gobierno central lleva acumulado para la revisión y adaptación de la normativa europea del plan, y pedía revisar el plan teniendo como punto de partida el plan del 98.
Durante el debate general presentado por el PSOE, sobre la situación actual de la tramitación del plan, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, explicó que el plazo para presentar alegaciones finaliza el próximo día 18, y por lo tanto, es importante que las Cortes se pronuncien «unánimemente» apoyando la posición del Gobierno regional.
En este sentido, el consejero reconoció que la revisión del plan lleva un año de retraso frente a otros planes y justificó esta situación en que existe un conflicto de intereses en el ámbito de planificación del Júcar. Además, lamentó que hoy en la Comunidad Valenciana se vayan a «frotar las manos» porque ellos sí «consiguen unanimidad para que Albacete pague por beber del Alarcón».
Asimismo, Sánchez Pingarrón instó a la Comunidad Valenciana, tal y como solicita la resolución del PSOE aprobada por el Parlamento regional, a que asuma, con carácter inmediato, la gestión de las cuencas hidrográficas intracomunitarias que transcurren íntegramente por su territorio y son, por tanto, competencia exclusiva de esta comunidad autónoma, en base a su Estatuto de Autonomía.
Ello, dijo, permitiría a Castilla-La Mancha tener el peso que le corresponde en los Órganos de Gobierno de la demarcación del Júcar, algo que intenta «impedir» la propia Generalitat.
También, consideró que la falta de adecuación del Gobierno valenciano en cuanto a la mejora y modernización de sus regadíos tradicionales está perjudicando «gravemente» los intereses de la región, ya que de los 240 hectómetros cúbicos que se hubieran podido ahorrar si se hubiera acometido dicha modernización, Castilla-La Mancha dispondría de 120 hectómetros cúbicos más de agua procedente del Júcar.
CONSIDERACIONES
El consejero, además, opinó que la Confederación Hidrográfica del Júcar debe incluir en el proceso de revisión de este plan consideraciones como una adecuada delimitación del ámbito territorial de la demarcación del Júcar, en el marco de la legislación vigente, identificando y concretando las distintas cuencas hidrográficas que integran esta Demarcación, excluyendo de su ámbito territorial las cuencas intracomunitarias que discurren, íntegramente, por el territorio de la Comunidad valenciana.
Por su parte, la diputada regional del PP María Luisa Soriano, culpó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero del retraso que sufre la revisión del plan y recalcó que los planes hidrológicos deberían haber sido aprobados en diciembre de 2009 y enviados a Europa. Además, destacó que desde el año 2003, el PSOE y el Gobierno regional no se han preocupado del Júcar.
«Han querido hablar del Júcar y el agua, precisamente hoy, que Barreda ha cometido otra de sus golferías», prosiguió Soriano, quien consideró que el PSOE trae este debate a las Cortes porque quiere lavar esa «mala conciencia» de no haber sido capaz de aprobar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y «dejarnos con cero hectómetros cúbicos de agua».
Soriano indicó que el retraso puede traer «graves» consecuencias a Castilla-La Mancha porque «podemos perder los fondos europeos para muchas infraestructuras que tenemos pendientes» y recalcó que al PP le «hubiera gustado que Barreda se hubiera preocupado por estos planes hidrológicos igual que se ha preocupado por conceder avales a unos cuantos amigos».
Por último, dijo que el plan no estaría paralizado si el Gobierno socialista no hubiera derogado el Plan Hidrológico Nacional, un plan que beneficiaba a Castilla-La Mancha. Terminó su intervención, señalando que en 2010 «el agua, el vino, y el señor Barreda, con sus amiguetes», se han convertido en las preocupaciones de los castellano-manchegos.
El diputado socialista José Molina enmarcó por su parte el retraso del plan en el conflicto de intereses que existe con la Comunidad Valenciana y lamentó que los ‘populares’ no defiendan los intereses de Castilla-La Mancha. También, dijo que fue el PP quien votó en contra del Estatuto. «El único peligro para Castilla-La Mancha son ustedes», apuntó Molina, quien aseguró que «hablar del Estatuto es hablar de la falta de palabra de Cospedal».