La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó ha decidido cambiar de estrategia en la negociación que mantiene con el Ministerio de Medio Ambiente para la gestión de los recursos hídricos que lleguen a la provincia de Alicante desde el Júcar a fin de acabar con la sobreexplotación de los acuíferos. Regantes y Usuarios acordaron el pasado jueves en su primera asamblea tras las vacaciones trasladar al Ministerio de Medio Ambiente -el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, les recibirá el próximo día 14 en Valencia tras 14 meses sin ningún tipo de contacto oficial- dos condiciones innegociables para aceptar los caudales que lleguen del Azud de la Marquesa: El precio del metro cúbico del agua que se almacene en el embalse de San Diego (Villena) no deberá superar los 0,18 euros por metro cúbico y la calidad deberá ser la misma que se acordaron Junta y Ministerio en el proyecto original cuando el agua se iba a captar en Cortes de Pallás.
Si se cumplen estos dos requisitos los regantes de la zona receptora aceptarán y el agua podrá a comenzar a circular por las canalizaciones del postrasvase. Si los análisis son contrarios el agua se quedará embalsada. De esta forma, usuarios y regantes tratan de cambiar de estrategia. Renuncian al conflicto directo con el ministerio pero están dispuestos a ser inflexibles en una cuestión clave como es el futuro de los recursos hídricos de gran parte de Alicante. Mientras, Consell y Medio Ambiente siguen sin mover ficha en una especie de idilio que ha comenzado a levantar todo tipo de suspicacias entre los agricultores.
El Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de Agua han comenzado la cuenta atrás para el final de la ejecución del proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó que estará listo a finales de año para impulsar de Cullera a Villena y, posteriormente, al resto de la provincia de Alicante, el caudal captado en el Azud de la Marquesa. Unas obras que, incluido el postrasvase, habrán supuesto un desembolso público cercano a los 350 millones de euros, a los que hay que añadir, también, los alrededor de 100 millones de la modernización de la Acequia Real del Júcar, obra clave para generar excedentes de agua y trasvasarlos.
Casi siete años después de iniciadas las obras y después del tormentoso cambio de trazado, todavía no se han resuelto dos cuestiones fundamentales: el precio y la calidad del agua. Nada se sabe, de forma oficial, de la potabilizadora (40 millones) que debe garantizar que el agua sirva para beber y regar, tal como exigen la Unión Europea y la Audiencia Nacional. Las buenas palabras del secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, que mantiene con el vicepresidente del Consell, Juan Cotino, las relaciones cordiales que inició con José Ramón García Antón, contrastan, sin embargo, con la realidad. Catorce meses después de la paz hídrica (julio de 2009), todo el mundo es consciente de que la infraestructura es fundamental pero, de momento, no tiene ni presupuesto consignado.
Si la solución de potabilizadora está complicada debido a su alto coste ya la paupérrima situación financiera de Consell y Gobierno central, más polémica es todavía la construcción de una segunda toma, más barata pero con un fuerte rechazo social entre los regantes de Valencia con los que ni Cotino ni Puxeu están dispuestos a enfrentarse a las puertas de elecciones.

Una obra que beneficiará a 22.000
agricultores

La Conselleria de Medio Ambiente ha ejecutado cinco de los siete tramos (70%) en los que se dividen las obras de la margen derecha del postrasvase Júcar-Vinalopó. Los dos tramos restantes (el Tramo 0 y el VI) y la balsa del Planet se encuentran en ejecución y está previsto que finalicen este año. Las actuaciones que permitirán completar esta importante infraestructura agraria, tienen un presupuesto de 31,3 millones de euros. Con su puesta en marcha se podrá distribuir el agua procedente del Azud de la Marquesa a las distintas entidades de riego de la margen derecha del Vinalopó, recorriendo las comarcas del Alto y Medio Vinalopó de norte a sur, y evitando la sobreexplotación de los acuíferos. De la infraestructura se beneficiarán 22.000 agricultores (20.000 hectáreas). F. J. B.