Ocho de la mañana. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recibe el primer «sms» del día. Son los datos sobre los principales delitos cometidos en las últimas horas: número de homicidios, casos de violencia de género, atracos… Y robo de cable de cobre. Lo que hasta hace unos cinco años era un tipo delictivo que apenas se alzaba a los titulares de alguna noticia se ha convertido, en muy buena parte gracias a la demanda de China en el marco de su apabullante proceso de industrialización, en un quebradero de cabeza tanto para el Cuerpo Nacional de Policía, como para la Guardia Civil.

En efecto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son conscientes de que este tipo de ladrones están cada vez mejor estructurados e, incluso, llegan a conformar mafias internacionales que provocan la siguiente paradoja: la empresa, normalmente de servicios, que sufre estos robos al final debe desembolsar una cantidad millonaria por comprar un material que proviene, precisamente, del reciclaje de lo sustraído. Por consiguiente, es un negocio redondo, en todos los sentidos: tanto para los delincuentes, que obtienen pingües beneficios, como en el círculo vicioso de instalación-robo-venta-reciclaje-instalación en que puede resumirse este fenómeno.

Micro y macro delincuencia

Los expertos coinciden en que el «modus operandi» tiene una doble vertiente: las minúsculas bandas que hacen pequeñas aprehensiones y las mafias organizadas y de carácter internacional. Unos y otros no sólo se diferencian en la cantidad de cobre que roban, sino en sus receptadores, pata fundamental del negocio

Los primeros suelen ser grupos pequeños de gitanos rumanos o españoles, estos últimos vinculados a otros menesteres poco recomendables, como el trapicheo de drogas. Su labor es bien fácil: localizan una subestación, centro de transformación, urbanizaciones, arquetas… En Madrid, por ejemplo, sus zonas preferidas son la M-40, M-45, M-50 y la M-31, aunque ya han pasado fronteras y es en el corredor de La Sagra, e incluso en toda la comarca La Mancha, donde siguen actuando.

Un cortafríos o, en todo caso, una radial son más que suficientes para pegar el corte, tirar del cable y, rápidamente, cargarlo en una furgoneta, camino del poblado. «Como se conocen la legislación, utilizan a los menores de edad de la familia, de 16 o 17 años, para conducir los vehículos, pues saben que no tienen tanta responsabilidad», explica la Guardia Civil.

A las pocas horas, una nube de humo negro y apestoso corona ese submundo que es la Cañada Real (Madrid): es el primer paso de «limpieza» del cable robado. Eliminar el plástico que lo cubre es necesario, principalmente, por dos razones. Por un lado, porque ahí es donde el material lleva tatuado su ADN, los datos de procedencia; además, el cobre sin cubrimiento se paga mejor, aunque pese menos.

El London Metal Exchange (LME) es el organismo que regula el precio del cobre, que es muy fluctuante, aunque podemos situarlo en una media de 5.800 euros la tonelada, sin contar el plástico, que hace ascender el precio a un máximo de 9.000. El dato del LME es de referencia, pues el cobre puro casi no existe en el cableado, pero da una idea cercana de los beneficios que obtiene cada uno de los participantes en esta rueda delictiva.

Porque el destino del botín aquí se bifurca. Si ha sido objeto de un pequeño grupo, irá a manos de un chatarrero fantasma, ilegal. «Los legales saben generalmente cuándo el cable que les llevan es de procedencia ilícita. Piden el carné de identidad al vendedor, lo fotocopian y contabilizan la cantidad que les llevan, se aseguran de su origen. Si perciben algo extraño, avisan a la Guardia Civil o a la Policía», nos dicen desde la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), patronal del sector.

Beneficios por escalón

Pero puede que se la «cuelen» a alguno o que el ladrón tenga ya una agenda de compradores, que es lo más normal. El precio de compra suele ser de un porcentaje del original, y el chatarrero se lo vende a un mayorista, que lo clasifica y lo compacta: su beneficio suele ser del 10%. Luego, en lotes homogéneos de 25 toneladas, llega a una fundición, donde se tritura, se convierte en nuevo material de cobre y se vuelve a recubrir con plástico: el cable está de nuevo listo para entrar en el mercado. En definitiva, que de los 5.800 euros iniciales, el ladrón se puede llevar 1.500 o 2.000, otros tantos el chatarrero, 3.000 o 4.000 la fundición… Al final, a la empresa víctima del delito, la broma le sale por otros 9.000 euros la tonelada, pues lo compra ya con revestimiento plástico.

«Pero el 90% de lo que manejan las mafias es para China», indican en la FER. En este caso son robos al por mayor, de 25 y 50 toneladas, que pueden alcanzar los 300.000 euros. Incluso roban en las propias chatarrerías y centros de reciclaje o a camiones de estas empresas, cargados de material. Llevan el botín a Francia o Italia, y desde un puerto extranjero llega a China.

Allí les pagan 2.700 euros por tonelada y luego fabrican las consolas de videojuegos que disfruta Occidente. El círculo, por tanto, se cierra.

Robos en La Mancha

En Castilla-La Mancha son los propietarios de fincas agrícolas los que llevan meses dando la voz de alarma ante el incremento de los robos. Aunque el principal botín que buscan los ladrones es el cobre, una vez dentro de las explotaciones no hacen ascos a otros materiales de riego, maquinaria agrícola o tractores, sin olvidar los graves daños que ocasionan, en algunos casos, arrancando viñas.

Las organizaciones agrarias (Asaja, UPA y COAG) han denunciado en los últimos días la ola de robos que sufren los agricultores y ganaderos de la región en sus propiedades y denuncian la «falta de respuesta» de las autoridades para atajar los robos.

UPA de Ciudad Real ha exigido que se redoblen «de inmediato» las medidas de seguridad en la provincia ante la oleada de robos. Y es que son continuos los asaltos, destrozos, saqueos e incluso robo de ganado, «lo que está causando no sólo un grave perjuicio económico en las ya maltrechas economías de los agricultores y ganaderos, sino que también les está afectando a la salud aumentando su nerviosismo e intranquilidad», asegura la organización agraria.

Y mientras, desde la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha se asegura que se han reformado las medidas para prevenir los robos de cobre en las explotaciones. El delegado, Máximo Díaz-Cano, aseguraba hace unos días que había pedido a los subdelegados que, en lugar de esperar reclamaciones, visiten las zonas para establecer medidas de cooperación con las organizaciones agrarias y con los agricultores de las zonas más afectadas por este repunte de los robos.