Cuando José María Barreda planteó, en el transcurso del debate de investidura celebrado durante el mes de abril del año 2004, la necesidad de poner fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura, muy pocos eran los que se podían imaginar que ahora, tres años después, prácticamente el 74 por ciento de los ciudadanos de la Región apoyan esa postura, que además se ha incluido por unanimidad en el texto de la Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

El problema del agua, el de la necesidad de aprovechar los recursos hídricos para desarrollar económicamente nuestra tierra, y para tener voz y sobre todo voto en los órganos de gestión del agua, ha calado entre los castellano-manchegos, y lo más importante es que ha calado entre todos los segmentos de la población: tanto entre mujeres como entre hombres; entre mayores y entre jóvenes, entre los votantes de un partido y los de otros, y mayoritariamente entre los habitantes de las cinco provincias de la Comunidad Autónoma.

El agua del río Tajo debe servir, debe utilizarse prioritariamente, para promover el crecimiento y desarrollo de nuestra tierra, según se desprende de las repuestas de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma a una pregunta concreta: Hay que acabar con el trasvase Tajo-Segura y aprovechar ese agua en beneficio de Castilla-La Mancha: y la respuesta mayoritaria es Si, y sin ambages.

Esta es la conclusión más obvia que se extrae del sondeo de TNS-Demoscopia para La Tribuna.

Sin discusión ninguna, mayoritariamente. Así que diga lo que diga el Gobierno central o las comunidades de Valencia y especialmente Murcia, el agua del Tajo se debe utilizar aquí.

Y por ello, la reforma del texto del Estatuto de Autonomía, que aprobaron las Cortes regionales el pasado 29 de enero tiene, al menos en este punto, el apoyo mayoritario de los ciudadanos, y esta encuesta servirá para que cuando se decida en el Congreso de los Diputados si se admite ese texto, y si se acepta el texto tal y como llegó al Parlamento nacional, los representantes de las Cortes de CLM y del Gobierno regional tengan argumentos de peso para defender que debe respetarse el sentir mayoritario de la Región a la hora de fijar la fecha de caducidad del trasvase.

RESUMEN DE LA ENCUESTA. Todos los castellano-manchegos encuestados fueron preguntados por la cuestión del trasvase, para conocer, desde su perspectiva, si debería acabarse o no con el mismo y utilizar esa agua en beneficio de la Comunidad.

Los datos aportados por el sondeo no dejan lugar a dudas. Una amplia mayoría de los ciudadanos, casi 3 de cada 4, creen que, efectivamente, debería ponerse fin a esa derivación de agua frente a un 14,4 por ciento (una séptima parte de la población) que piensa que debería continuar existiendo, y un 11,7 por ciento restante sin una opinión formada al respecto.

En todos los segmentos de la población, la proporción de los que piensan que debería acabarse con el trasvase es ampliamente mayoritaria, especialmente, según sexo, entre las mujeres (79 por ciento); según edad, entre los menores de 35 años (77 por ciento); según provincia, en Cuenca (casi el 76%) y Guadalajara (75,5 por ciento) y, según el comportamiento electoral en los comicios autonómicos municipales celebrados en el año 2003, entre los votantes del Partido Socialista Obrero Español (78 por ciento), aunque en todos los casos con porcentajes tan altos que no admite discusión la necesidad de poner fecha de caducidad.