. J. BENITO El Consell y la Confederación Hidrográfica del Júcar acercan posturas para salvar el Júcar-Vinalopó. La llegada de María Ángeles Ureña a la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no sólo ha servido para iniciar la normalización de las relaciones con los regantes del Vinalopó y l´Alacantí, sino que en las últimas semanas Consell y CHJ vuelven a trabajar juntos, como lo demuestra el hecho de que el Ministerio estudie la retirada la denuncia que presentó a principios de 2011 en un juzgado de Valencia contra la Conselleria de Infraestructuras por las obras del postrasvase del Júcar-Vinalopó. En concreto, la demanda por la que la CHJ reclama 37 millones de euros al Consell de Fabra por haber modificado, supuestamente, el punto de conexión del embalse de Villena donde llegará el agua del Júcar con las tuberías del postrasvase, cuya ejecución correspondió a la Generalitat. Este proceso judicial ha seguido su curso e impide, por ejemplo, ahora mismo, el reparto de los 9 hm3 de agua que hay almacenados en el embalse de San Diego, y sobre los que ya existe un principio de acuerdo para su reparto para regar árboles frutales y cereal en la provincia. Acuerdo que, en el fondo, significa un paso adelante de los propios agricultores alicantinos para aprovechar el caudal y, además, solucionar una situación complicada para la CHJ. La evaporación y las filtraciones de agua en un embalse cuya base se construyó con arcillas compactadas, lo que ha provocado que en dos años se hayan perdido 3 hm3 de recursos hídricos, tres mil millones de litros de agua y en plena sequía.El Ministerio de Medio Ambiente reclama todavía al Consell una indemnización de 37 millones de euros e, incluso, logró que un juez paralizara las obras de conexión (un tubo de siete metros de largo y tres de diámetro) del postrasvase con el Júcar-Vinalopó, al considerarse perjudicado por el traslado del cambio de toma de la conexión en Villena. La empresa pública Acuamed alegó en su denuncia que la decisión le perjudicaba porque, según la empresa pública, no podría aprovechar el caudal que llegue desde Cullera para producir la energía prevista con el agua que deberá circular entre Villena y Elche por la margen derecha del Vinalopó. Algo que, según denunció en su día la Conselleria de Medio Ambiente nunca figuró en ningún proyecto del trasvase -ni en el original ni el modificado-, pero que terminó provocando el enésimo contencioso que, ahora, bloquea, además, la posible puesta en marcha de un obra en al que se invirtieron 400 millones de euros. Ciento veinte millones financiados por la UE y sobre los que sigue pesando la amenaza de la devolución, porque a día de hoy continúan sin cumplirse las condiciones exigidas por Bruselas para financiar una obra que, no obstante, ya ha pagado. La tubería de la discordia tiene un diámetro de dos metros, porque así hay más capacidad para repartir el agua. Y el caso es que la tubería del Consell está a tres metros del punto de la conexión pero nunca se recibió el permiso.Por otro lado y aunque la retirada de la denuncia presentada en un juzgado de Valencia resulta clave para poder repartir el agua embalsada en Villena, falta todavía por resolver el tema principal: precio y calidad de los caudales que se quieren bombear desde Cullera a la provincia de Alicante. En el Azud de la Marquesa han seguido apareciendo restos de insecticidas y productos tóxicos, por lo que el camino no se antoja muy fácil. Ayer, el presidente de la Junta Central de Usuarios de Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez se mostró rotundo. «No podemos aceptar agua que no sirva para regar y beber y, además a un buen precio».

Un caudal para regar árboles frutales, viñedos y cereales
La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó llegó el mes pasado a acuerdo con el Ministerio de Agricultura para tratar de desbloquear el trasvase que lleva acabado más de un año y sin uso, por el conflicto que mantenían regantes y la Confederación Hidrográfica del Júcar por la calidad del agua. La primera medida será la distribución de los 9 hm3 de agua almacenados más de un año en el embalse de San Diego (Villena), y que se repartirán durante 25 semanas para el riego de árboles frutales, viñedos y cereales. El caudal sirve para estos cultivos, que no para el riego de las hortalizas. El embalse costó 15 millones de euros pero se le han detectado filtraciones por la falta de mantenimiento y defectos en la ejecución de la obra, según ha admitido el Ministerio.