Ha pasado un año desde la publicación de la línea de ayudas para la incorporación de jóvenes al sector agrario 2012 y los solicitantes, 1.500 en toda Castilla-La Mancha -en torno a 300 en Albacete- todavía no saben la respuesta de la Administración regional. Así lo indicó ayer la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que también recordó a la Consejería de Agricultura que no se han pagado todas las ayudas de la última convocatoria resuelta, la de 2010, que se saldó con 327 expedientes favorables.

En rueda de prensa, los secretarios regional y provincial de UPA, Julián Morcillo y Julián Martínez, señalaron que el retraso perjudica a quienes están a la espera de convertirse en jóvenes agricultores este año debido a que se acercan fechas «determinantes». En este sentido, Morcillo manifestó que el próximo 19 de marzo se cierra el plazo para la cesión de derechos de pago único que «muchos» solicitantes de las ayudas van a necesitar, y también otros trámites como la petición de derechos a la reserva nacional y las propias ayudas de la Política Agraria Común (PAC), cuyo periodo de tramitación acaba el 30 de abril.

La consecuencia de todo este entramado burocrático, según UPA, es que los jóvenes corren el peligro de no ser aptos para las ayudas o de enfrentarse a un año de trabajo perdido.

«El campo necesita el relevo generacional y en este momento en que se habla tanto de emprendimiento es más necesaria que nunca esta convocatoria», dijo Morcillo, quien ofreció datos según los cuales solo un 0,5% de todos los titulares de ayudas PAC en la Región tiene menos de 25 años y un 5,4% entre 25 y 34 años, en contraposición al 35% que rebasa los 65.

Las ayudas para primera instalación de jóvenes a la agricultura están financiadas en un 75% por la Unión Europea y son claves «para crear empleo». No obstante, UPA criticó que paulatinamente ha ido mermándose la cuantía destinada a esta línea en el Programa de Desarrollo Rural, pasando de 82 millones de euros iniciales en el periodo 2007-2013 a poco más de 55 millones.

El resultado de esta reducción es que de las 1.500 solicitudes actuales solo se va a poder atender un 10%. Y es que para otorgar las ayudas solo se dispone de 6 millones de euros, una cuantía muy limitada para la demanda existente.