El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha propuesto hoy la aprobación «inmediata» de una moción «a modo de auténtico pacto del agua» que recoja los contenidos del memorándum suscrito a principios de abril entre las comunidades de Murcia y Valencia y el Ministerio de Agricultura sobre agua.
Valcárcel ha trasladado esa petición a los grupos políticos de la Asamblea Regional en el pleno en el que ha apostado porque sean los regantes quienes «enriquezcan de forma inteligente» ese documento que pretende garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y considerarlo un objetivo estratégico y socioeconómico de primer orden para el Estado, según sus palabras.
El memorándum de entendimiento, ha subrayado, no es «papel mojado», como han acusado los grupos políticos de la oposición, sino un «acuerdo entre el Gobierno de la nación y los de dos comunidades autónomas» para dar solución a un problema de Estado que afecta a varias regiones.
Según ha indicado, el borrador para el plan hidrológico de cuenca del Tajo, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado y que recoge, entre otras medidas, elevar la reserva no trasvasable de los embalses de cabecera de 240 a 400 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, supone la «certeza de que el trasvase Tajo-Segura seguirá funcionando».
Valcárcel ha reconocido que la nueva norma contiene «cosas que no gustan» a su Gobierno, como ese incremento de las reservas no trasvasables, pero ha indicado que «para ganar todos, todos deben ceder» con el objetivo de ganar la continuidad del trasvase en el presente y no perderlo en el futuro.
El memorándum, ha indicado, recoge la exigencia de contrapartidas por ese negativo aumento hasta los 400 hm3, pero ha advertido de que ese aumento en absoluto supone acabar con el trasvase, como ha sostenido la oposición.
El borrador del proyecto del plan del Tajo, así como el memorándum de entendimiento, ha dicho, son un «acuerdo histórico entre comunidades autónomas que no se había producido hasta ahora» y han permitido que el agua «vuelva a ser considerada un recurso de Estado y un instrumento de vertebración del Estado».
Este proyecto, ha insistido, «garantiza la supervivencia del trasvase», si bien los objetivos de la región de Murcia no han culminado, ya que es necesario continuar buscando mecanismos de mejora del déficit de agua existente en la cuenca del Segura y seguir trabajando en esa línea.
Por el contrario, ha lamentado, el borrador planteado por el anterior Gobierno central del PSOE, así como la modificación del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha planteada por este partido la pasada legislatura, que no legaron a salir adelante, sí hubieran supuesto la «sentencia de muerte del trasvase», ya que establecían un aumento de las reservas en cabecera no trasvasables hasta los 600 hm3.
Esos borradores establecían también un aumento de los caudales ecológicos al paso del río por Toledo y Talavera de la Reina hasta los 14 y 16,7 metros cúbicos por segundo (m3/s), respectivamente, unas cifras que el actual proyecto rebaja a 9 y 10 m3/s.
En ese sentido, ha insistido, el actual borrador supone «el fin de una etapa oscura de arbitrariedades y confrontación y comienza a poner el punto final de las guerras del agua».
También ha criticado duramente la derogación en 2004 del trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional, que supuso un «perjuicio para la mayoría» y llevó a poner en marcha medidas como la construcción de desalinizadoras «despilfarrando» dinero público para dar lugar a un agua «más cara» y sin utilidad para la agricultura.
En su opinión, es momento de avanzar en la planificación nacional para luchar contra la escasez de agua, ya que esta «no es propiedad de a quien le llueve, sino patrimonio común de todos los españoles» y solo el Estado «puede garantizar la unidad de acción» en ese terreno.
La región de Murcia, ha agregado, seguirá exigiendo la llegada de agua, pero «esforzándose hasta el límite en su ahorro y reutilización, pagando sus costes reales y siendo un referente nacional e internacional en la lucha contra su escasez».